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Jubilados: La estrategia legal de ANSES que reducirá $54.000 de pagos en diciembre

La abogada previsionalista Cintia Coturel analiza cómo las recientes modificaciones legales impactan en los ingresos de los jubilados en Argentina. Según su análisis, en diciembre de 2024 los jubilados que cobran la mínima perderán 54,000 pesos, mientras que aquellos con haberes superiores sufrirán una pérdida aún mayor. Esto se debe a los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria implementados por el gobierno, en particular el DNU 274/2024, que reemplazó la Ley 27.609.

Jubilados: La estrategia legal de ANSES que reducirá $54.000 de pagos en diciembre

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1. Evolución de la Jubilación Mínima y Media  

   Coturel presenta gráficos del informe del Centro de Estudios de Economía Política Argentina (CEPA), mostrando cómo las jubilaciones mínimas con bono y las medias han evolucionado:  

    Jubilación mínima con bono: Se mantuvo estancada desde marzo debido a que el bono de 70,000 pesos no fue actualizado. Esto contribuyó a una pérdida de poder adquisitivo.  

    Jubilación media: Aunque tuvo un leve repunte en marzo tras un ajuste por la Ley de Movilidad Jubilatoria, no logró recuperar los niveles de poder adquisitivo de 2023.  

2. Diferencias entre el DNU y la Ley 27.609:  

    La jubilación mínima según la Ley 27.609 habría alcanzado 314,000 pesos en diciembre, pero con el DNU de Milei será de 259,000 pesos, lo que representa una pérdida significativa.  

    Los bonos otorgados bajo el DNU no se ajustaron, generando un incremento desigual frente a los haberes que no incluyen bonos.  

3. Impacto del Ajuste Fiscal:  

    Según CEPA, el ajuste fiscal de 2024 recayó en un 25.3% sobre los jubilados, siendo el sector más afectado en comparación con otros rubros como la obra pública.  

Juicios por Ajustes:  

  Coturel anticipa que los jubilados presentarán reclamos judiciales debido a las diferencias en los incrementos. Mientras los haberes sin bono aumentaron un 93.1%, los que incluyen bono solo subieron un 61.2%. Esta brecha, argumenta, es inconstitucional y será motivo de futuros litigios.  

Precedentes Jurídicos:  

  Se menciona un fallo reciente de la Cámara Federal de Mendoza, aunque se aclara que cada jubilado debe realizar su propio reclamo, ya que no existe una resolución general aplicable a todos.  

Coturel critica la práctica sistemática de modificar la ley de movilidad cuando debería producirse una recuperación del poder adquisitivo:  

Gobiernos Implicados: Las administraciones de Macri, Fernández y Milei han aplicado cambios en la fórmula de movilidad en momentos clave, impidiendo que los jubilados recuperen lo perdido por inflación.  

Funcionamiento de la Movilidad: Explica que la fórmula anterior contemplaba aumentos trimestrales basados en salarios y recaudación. Aunque esta fórmula tenía demoras en reflejar los cambios inflacionarios, eventualmente permitía una recuperación.  

La abogada concluye que estas modificaciones son una estrategia recurrente del Estado para financiarse a costa de los jubilados. Destaca la necesidad de que estos estén informados y preparados para defender sus derechos, ya sea a través de reclamos legales o de la presión social.  

Durante la transmisión, se recibieron comentarios de los espectadores que reflejan indignación y preocupación. Algunos calificaron las políticas actuales como "genocidio silencioso" hacia los jubilados, mientras que otros señalaron que la inflación reportada no refleja la realidad. Coturel responde enfatizando la importancia de entender cómo las decisiones gubernamentales afectan directamente a los jubilados.  

Este análisis busca visibilizar el impacto de las políticas económicas en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo un debate informado sobre la justicia social y la protección de los derechos previsionales.

...los jubilados. Hay que entender que esta situación no es nueva, pero sí se ha agravado con los cambios recientes. Cada vez que se modifica la fórmula de movilidad, el impacto es negativo para los jubilados. El gobierno, independientemente del signo político, ha tomado decisiones que priorizan el ajuste fiscal a costa de este sector vulnerable. 

El informe del CEPA es claro al mostrar que la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto tiene un objetivo: evitar que los jubilados recuperen parte de lo que han perdido debido a la inflación y otras políticas económicas. Según los datos, en diciembre, los jubilados que cobran la mínima perderán al menos $54.000, y para aquellos con haberes superiores, las pérdidas serán aún mayores. Esto no solo afecta a los ingresos actuales, sino también a la posibilidad de mantener un nivel de vida digno en un contexto de alta inflación.

Un punto clave del análisis es el congelamiento del bono en $70.000 desde marzo. Esto significa que, mientras otros indicadores han registrado aumentos, este componente esencial de los ingresos de los jubilados ha quedado estancado. Según el CEPA, si el bono hubiera seguido actualizándose, debería ser de $135.140. La diferencia de $65.140 por jubilado representa una suma significativa que el ANSES está ahorrando, pero a costa de quienes más necesitan ese ingreso.

Este ajuste no solo tiene consecuencias económicas inmediatas, sino también implicaciones legales. Los jubilados podrían recurrir a la justicia para reclamar esta diferencia, aunque este proceso es lento y requiere recursos que muchos no tienen.

La fórmula derogada, establecida por la Ley 27.609, consideraba aumentos trimestrales basados en la evolución de los salarios y la recaudación. Esto permitía que los jubilados, al menos en teoría, se beneficiaran de los momentos en que los salarios crecían más rápidamente que la inflación. Sin embargo, el decreto 274/2024 reemplazó esta fórmula con una que ha resultado menos favorable para los jubilados.


El informe muestra que, mientras la fórmula de la Ley 27.609 habría permitido un aumento acumulado del 33,2% entre julio y septiembre, el decreto de Milei solo alcanzó el 13,4%. Esta diferencia explica por qué en diciembre la jubilación mínima será de $259.000 en lugar de los $314.000 que deberían percibir según la ley anterior.

Otro gráfico presentado por el CEPA destaca cómo el ajuste fiscal se ha centrado en las jubilaciones. Entre enero y septiembre de 2024, este rubro representó el 25,3% del ajuste total, superando incluso a la obra pública. Esto desmiente el discurso oficial que asegura que el ajuste recae sobre la "casta política", dejando en evidencia que son los jubilados quienes están soportando la mayor parte del peso de las políticas de austeridad.

Lo que resulta especialmente grave es que este patrón de ajuste sobre los jubilados se ha repetido en los últimos tres gobiernos. Tanto el gobierno de Macri, como el de Alberto Fernández y ahora el de Milei, han modificado la fórmula de movilidad en momentos en que correspondía una recuperación para los jubilados. Esto ha generado un ciclo constante de pérdidas, donde cada mejora potencial se ve truncada por un cambio de reglas.

Aunque existen fallos favorables en instancias judiciales, como el reciente caso en la Cámara Federal de Mendoza, cada jubilado debe iniciar su propio juicio para reclamar lo que le corresponde. Este sistema fragmentado dificulta que haya una solución colectiva y rápida para quienes han visto deteriorados sus ingresos.

Además, es probable que el congelamiento de los bonos y la derogación de la fórmula de movilidad generen una nueva ola de litigios en 2025. Sin embargo, el proceso judicial es lento y los jubilados necesitan soluciones inmediatas, no solo promesas de futuros reajustes.

La situación actual refleja una falta de voluntad política para priorizar a los jubilados. Este sector ha sido históricamente utilizado como una herramienta para ajustar las cuentas públicas, pero cada vez queda más claro que esta estrategia es insostenible y profundamente injusta.

Es fundamental que los jubilados estén informados sobre sus derechos y las medidas que pueden tomar para proteger sus ingresos. También es importante que la sociedad en su conjunto reconozca la importancia de defender a quienes han trabajado toda su vida y ahora enfrentan una etapa de vulnerabilidad. 

La política no debe ser un obstáculo para la justicia social, y es responsabilidad de todos exigir un cambio en la forma en que se tratan las jubilaciones en Argentina.

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