En esta línea, el Presupuesto 2025 también incluyó un recorte de más del 50% en las partidas designadas a esta categoría de ANSES, aunque también se proyecta incorporar más de 620.000 nuevos titulares.
En un anuncio impactante, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, confirmó que a partir de noviembre se procederá a dar de baja más de 200,000 Pensiones No Contributivas (PNC) gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta decisión se ha tomado tras una auditoría exhaustiva que comenzó en marzo y que reveló que muchos de los beneficiarios de estas pensiones no cumplían con los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024, que evalúa tanto la situación económica individual como la del grupo familiar.
La medida, que ha generado una considerable controversia, se fundamenta en la necesidad de regularizar el sistema de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad en Argentina. El director de ANDIS destacó que, según los hallazgos de la auditoría, el sistema actual es "inviable" debido a las numerosas irregularidades detectadas. Esta afirmación resuena con la creciente preocupación por el gasto público en pensiones y su sostenibilidad a largo plazo.
La auditoría realizada por ANDIS incluyó una serie de pasos meticulosos, comenzando con la citación de los beneficiarios para evaluar su situación y verificar la información personal que se tiene sobre ellos. Durante este proceso, se cruzaron datos que permitieron determinar que un número significativo de titulares no cumplía con los requisitos vigentes para mantener su PNC.
Una vez completada la auditoría, se notificó a los beneficiarios que serían dados de baja a través de cartas enviadas a sus domicilios registrados. Los titulares de pensiones que se encuentren en esta situación tendrán un plazo de 60 días para presentar reclamos y verificar su situación ante las autoridades competentes.
La decisión de dar de baja pensiones no contributivas por invalidez ha sido acompañada por declaraciones contundentes de Spagnuolo, quien enfatizó que la gestión anterior había incrementado el número de pensiones en forma masiva y desorganizada. En su discurso, el director de ANDIS utilizó una metáfora para ilustrar la magnitud del gasto: señaló que el costo mensual de transporte para personas con discapacidad equivale a "tres viajes de ida y vuelta a la Luna". Esto subraya la grave crisis que enfrenta el sistema de pensiones y el compromiso del gobierno actual de abordar estas irregularidades.
El análisis de la situación se profundiza al señalar que, durante la administración anterior, se incorporaron 390,000 nuevas PNC por invalidez. De este total, se estima que aproximadamente 250,000 están activas, a pesar de que muchos de sus titulares han fallecido. Esta situación no solo plantea cuestiones éticas, sino que también representa una carga significativa para el presupuesto nacional.
La administración actual ha decidido, por tanto, no solo llevar a cabo auditorías, sino también iniciar una investigación por presunta negligencia. Un blanco específico de estas acusaciones es Fernando Galarraga, el exdirector del organismo responsable de emitir los certificados de discapacidad.
La auditoría a ANDIS se realizó en respuesta a un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas. La dirección actual del organismo ha señalado que la entrega de PNC por invalidez se realizó de manera desorganizada en diversas regiones del país. Spagnuolo ha indicado que, en algunas provincias como La Rioja y Tucumán, se otorgaron hasta 2,000 pensiones en eventos masivos, lo que pone de relieve la falta de control y el manejo inadecuado de los recursos destinados a estas prestaciones.
En el marco de estas acciones, el gobierno ha establecido como objetivo reducir la planta permanente de ANDIS en un 30% para mantener el equilibrio fiscal. A pesar de estas reducciones, las autoridades han asegurado que el funcionamiento del organismo no se verá afectado negativamente, lo que sugiere que se están tomando medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos.
En línea con estas decisiones, el Presupuesto 2025 prevé recortes de más del 50% en las asignaciones para pensiones no contributivas, aunque al mismo tiempo se proyecta la incorporación de más de 620,000 nuevos titulares. Esto indica un intento de reestructurar el sistema de pensiones, optimizando el uso de recursos al tiempo que se garantiza el acceso a prestaciones para aquellos que realmente las necesitan.
La decisión del gobierno de dar de baja más de 200,000 pensiones no contributivas es parte de un esfuerzo mayor por abordar las irregularidades en el sistema de pensiones y garantizar la sostenibilidad financiera del mismo. A medida que se implementan estas medidas, será crucial que se lleven a cabo procesos transparentes y justos para evaluar la situación de los beneficiarios afectados, garantizando que aquellos que realmente necesiten apoyo continúen recibiéndolo.
Este proceso de auditoría y revisión, aunque doloroso, es necesario para construir un sistema de pensiones más justo y equitativo. A largo plazo, el objetivo es crear un marco más sólido que proteja a los más vulnerables y asegure que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y efectiva. A medida que se avanza en esta dirección, será fundamental mantener informados a los ciudadanos sobre los cambios y las razones detrás de estas decisiones, para fomentar la comprensión y el apoyo a estas iniciativas de reforma.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos y la búsqueda de un sistema más eficiente son pasos cruciales hacia la creación de un futuro más seguro para todos los argentinos, especialmente para aquellos que dependen de las pensiones para su subsistencia.
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