Jubilados ANSES: advierten por la eliminación del bono de refuerzo y el esquema de aumento.
Según las previsiones elaboradas por el centro de investigación CEPA sobre el Presupuesto 2025, la partida destinada al adicional "prácticamente desaparece".
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El Gobierno nacional pondrá fin al bono de Refuerzo para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en 2025.
Así lo anticipó el Centro de Economía Política (CEPA) en su primer análisis de aproximación al proyecto de Presupuesto 2025.
De acuerdo a las estimaciones de la hoja de ruta presentada el domingo por el presidente Javier Milei, la búsqueda por el "déficit cero" dejará como correlato una reducción del 99,99% de las partidas contempladas para liquidar el adicional.
En términos de erogaciones y según los datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Refuerzo signó hasta julio el 0,40% del Producto Bruto Interno (PBI).
Además, desde CEPA se advirtió que el proyecto abre paso a la eliminación de los aumentos automáticos de las Asignaciones Familiares para trabajadores formales, informales y monotributistas al dejarlos "a discreción del Ejecutivo".
En relación a los incrementos para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Gobierno buscará mantener la fórmula de actualización puesta en marcha en junio a través del Decreto 274/2024: variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta forma se lograría efectivizar el equilibrio de las partidas Servicios Sociales respecto a 2024, con una variación de 0,46% (es decir, sin recuperar los niveles de 2023).
Preocupaciones sobre la Eliminación del Bono de Refuerzo para Jubilados de ANSES.
Recientemente, el Centro de Economía Política (CEPA) ha emitido un análisis alarmante sobre el presupuesto del año 2025, señalando que la partida destinada al bono de refuerzo para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está en grave peligro de eliminación. Según sus previsiones, el bono, que ha sido un apoyo vital para muchos, "prácticamente desaparece" en el nuevo esquema presupuestario propuesto por el Gobierno.
El presidente Javier Milei presentó el domingo un proyecto de presupuesto que se centra en la búsqueda del "déficit cero". Este objetivo, según las proyecciones del CEPA, tendrá como consecuencia directa una drástica reducción del 99,99% en las partidas destinadas a este adicional. Esto no solo representa un recorte significativo en el apoyo financiero a jubilados y pensionados, sino que también refleja un cambio en las prioridades del gobierno respecto al bienestar de los ciudadanos de mayor edad.
Para poner esto en perspectiva, hasta julio de este año, el bono de refuerzo representó aproximadamente el 0,40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, una cifra que resalta su importancia dentro del sistema de seguridad social argentino. La desaparición de esta partida significa que muchos jubilados, que dependen de este ingreso adicional para complementar sus pensiones, podrían enfrentarse a dificultades financieras severas en el futuro inmediato.
Además, el análisis del CEPA advierte que el nuevo proyecto de presupuesto podría conducir a la eliminación de los aumentos automáticos en las Asignaciones Familiares. Esto afecta no solo a los trabajadores formales, sino también a los informales y monotributistas, ya que el Gobierno buscará dejar estos incrementos "a discreción del Ejecutivo". Esta medida podría generar un clima de incertidumbre y precariedad económica para miles de familias que dependen de estos aumentos para mantener su calidad de vida.
En lo que respecta a los aumentos para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Gobierno ha manifestado su intención de mantener la fórmula de actualización que se implementó en junio mediante el Decreto 274/2024. Esta fórmula se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que significa que cualquier ajuste en las pensiones estará vinculado a la inflación, un factor que sigue siendo una preocupación constante para los jubilados y pensionados.
Con estas medidas, el Gobierno espera lograr un equilibrio en las partidas destinadas a Servicios Sociales en comparación con el año 2024, proyectando una variación de solo el 0,46%. Sin embargo, esto implica que no se recuperarán los niveles de apoyo financiero que se ofrecían en 2023, lo que deja a muchos jubilados en una situación vulnerable.
La posibilidad de la eliminación del bono de refuerzo y de los aumentos automáticos de las Asignaciones Familiares plantea serias interrogantes sobre el futuro de la seguridad social en Argentina. La falta de apoyo económico adicional, en un contexto donde la inflación sigue afectando el poder adquisitivo, podría tener repercusiones devastadoras para los jubilados, que ya enfrentan dificultades en su vida diaria. Es fundamental que la sociedad y los responsables de la política económica consideren las implicaciones de estos cambios y busquen soluciones que garanticen un nivel de vida digno para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que han contribuido tanto al desarrollo del país a lo largo de sus vidas.
La eliminación del bono de refuerzo para los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en 2025 marca un cambio significativo en la política de seguridad social en Argentina. Este bono, que ha servido como un suplemento crucial para muchas personas mayores que dependen de sus pensiones, está a punto de desaparecer, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Economía Política (CEPA) sobre el proyecto de Presupuesto 2025.
Este movimiento es parte del plan del presidente Javier Milei para lograr un "déficit cero", una medida económica que busca equilibrar las finanzas del país reduciendo drásticamente el gasto público. Sin embargo, la implicación de esta política en el bienestar de los jubilados es considerable. Según CEPA, la partida destinada al bono de refuerzo será recortada en un 99,99%, lo que efectivamente elimina este beneficio adicional que hasta ahora ha representado el 0,40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país hasta julio de 2024.
El bono de refuerzo se implementó inicialmente como un paliativo ante la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. En un país donde los costos de bienes esenciales, como alimentos y medicinas, aumentan constantemente, el bono servía como una pequeña pero significativa ayuda adicional para aquellos que viven con pensiones mínimas. En muchos casos, las personas mayores dependen de este tipo de ingresos para cubrir necesidades básicas, ya que el monto de las pensiones por sí solo rara vez es suficiente.
La inflación en Argentina ha sido un desafío persistente para la economía, y aunque la fórmula de ajuste para las pensiones se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el bono de refuerzo ayudaba a compensar los efectos negativos de la inflación sobre los ingresos fijos. Sin esta ayuda adicional, los jubilados enfrentan un escenario donde sus pensiones ajustadas por inflación podrían no ser suficientes para sostener un nivel de vida adecuado.
El proyecto de presupuesto 2025 prioriza la reducción del déficit fiscal, pero esto se traduce en una disminución considerable de los recursos destinados a programas sociales y beneficios adicionales, como el bono de refuerzo. La meta del "déficit cero" busca controlar el gasto público y frenar el crecimiento de la deuda nacional, pero las críticas señalan que estas medidas a menudo tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables, como los jubilados y pensionados.
Además del bono de refuerzo, el proyecto de presupuesto contempla también la eliminación de los aumentos automáticos de las Asignaciones Familiares. Hasta ahora, estos aumentos beneficiaban a trabajadores formales, informales y monotributistas, ofreciendo un ajuste periódico y predecible en sus ingresos. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, los aumentos quedarían a discreción del Ejecutivo, lo que introduce un nivel de incertidumbre en los ingresos de miles de familias argentinas.
Para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Gobierno ha señalado que mantendrá la fórmula de ajuste basada en el IPC, lo cual, si bien garantiza una actualización de las pensiones, no asegura que estas aumenten lo suficiente para compensar la inflación creciente. El Decreto 274/2024, que establece esta fórmula, continuará vigente, pero el hecho de que el bono de refuerzo desaparezca representa una carga adicional para los jubilados que ya luchan por mantener su poder adquisitivo.
Los efectos de la eliminación del bono de refuerzo son profundos. Para los jubilados, especialmente aquellos que reciben la pensión mínima, este bono ha sido un alivio crucial en tiempos de crisis económica. La mayoría de estos jubilados ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades diarias, y sin el bono, tendrán que buscar formas alternativas de subsistencia.
En Argentina, muchas personas mayores continúan trabajando en la economía informal o dependen del apoyo de sus familias para complementar sus pensiones. La eliminación del bono de refuerzo podría aumentar la presión sobre los sistemas de apoyo familiar y sobre el propio sistema de bienestar social, que podría enfrentar una mayor demanda de otros tipos de asistencia financiera.
Además, es importante destacar que la eliminación de este bono ocurre en un momento en que la economía argentina sigue siendo altamente volátil. Con una inflación que, aunque se espera que se estabilice, sigue siendo un factor de incertidumbre, los jubilados podrían ver una reducción significativa en su calidad de vida. Sin el bono de refuerzo, muchos tendrán que depender únicamente de sus pensiones ajustadas al IPC, lo cual podría no ser suficiente para enfrentar los aumentos en el costo de vida.
Si bien la eliminación del bono de refuerzo es una realidad que parece inevitable bajo el actual esquema presupuestario, los jubilados y sus organizaciones representativas podrían buscar alternativas para garantizar un ingreso digno. Algunos expertos sugieren que una reforma en la forma en que se calculan las pensiones, o un nuevo enfoque en la distribución de los recursos públicos, podría ayudar a mitigar los efectos negativos de la eliminación del bono.
Algunos sectores de la sociedad han pedido al Gobierno que reconsidere su enfoque y busque otras áreas del presupuesto donde se puedan hacer recortes, en lugar de reducir los beneficios de los jubilados. Además, se han propuesto ideas como la creación de un fondo de emergencia para pensionados, financiado por otros sectores de la economía, que podría activarse en tiempos de alta inflación para brindar un apoyo adicional.
La decisión de eliminar el bono de refuerzo es solo una parte de un cambio más amplio en el enfoque del Gobierno hacia la seguridad social. A medida que el país busca equilibrar su presupuesto, es probable que veamos más ajustes en los programas sociales, lo que podría afectar a otras áreas clave del bienestar social.
En última instancia, el desafío para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y el bienestar de su población, especialmente de aquellos que son más vulnerables, como los jubilados y pensionados. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el futuro de la seguridad social en Argentina y el nivel de apoyo que recibirán las personas mayores en los años venideros.
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