La maquinaria política conocida como la 4T (Cuarta Transformación) y sus socios de coalición están demostrando su dominio habitual en el panorama legislativo, impulsando su agenda con fuerza significativa. Este gigante político tiene ahora la mira puesta en el Senado, donde una propuesta de reforma constitucional está bajo intenso escrutinio. Aunque, en teoría, pueden quedarse con un voto de menos, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha apresurado a afirmar que sólo se necesitan 85 votos, en lugar de los 86 que se requieren tradicionalmente, para aprobar enmiendas constitucionales en el Senado. Su inesperada visión de la aritmética legislativa deja a muchos preguntándose sobre la estrategia detrás de esta afirmación.
El ángulo legal
Pasemos al aspecto legal de esta situación. Rogelio, ¿podrías aclarar si el actual impulso legislativo es legal? Hemos escuchado que se han emitido varias órdenes judiciales —inicialmente tres, ahora cuatro— pidiendo que se detenga el proceso legislativo. Estas resoluciones exigen que la reforma judicial propuesta no se discuta ni se apruebe, al menos por ahora.
Rogelio responde con seguridad, explicando que cuando se trata de sentencias de amparo (medidas cautelares en la legislación mexicana), las decisiones de un juez deben ser respetadas sin cuestionamientos. El juez en este caso ha concedido una suspensión definitiva, lo que significa que el proceso legislativo debe pausarse hasta que se completen los procedimientos legales. El incumplimiento de tales suspensiones podría resultar en graves consecuencias, incluyendo la destitución de quienes desafíen las órdenes. Esencialmente, si los legisladores siguen adelante con la reforma, podrían ser destituidos de su cargo. Esto podría extenderse a todos los legisladores que participaron en la discusión y votación.
Sin embargo, como explica Rogelio, si bien la suspensión es clara y debe cumplirse, el asunto se complica cuando se consideran los pasos procesales necesarios. Los legisladores podrían enfrentar juicios políticos, o el caso podría tener que esperar la decisión final en los tribunales antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su autoridad conforme al artículo 107, fracción 16, que permite la destitución de funcionarios que desobedezcan las órdenes judiciales.
Desmontando el enigma del procedimiento
Lo que estamos viendo ahora es un desafío legal que toca la esencia misma del proceso legislativo. Desde un punto de vista legal, el proceso de reforma debería suspenderse hasta que la Corte Suprema emita su sentencia definitiva. Sin embargo, la decisión de ignorar estas resoluciones sugiere una voluntad de eludir el Estado de derecho, lo que constituye una afrenta directa al poder judicial de México. Incluso si el poder judicial está preparado para la reforma, tal como están las cosas, sigue siendo un pilar esencial del sistema jurídico del país y sus decisiones deben ser respetadas.
¿Qué significa esto para el futuro de las instituciones políticas y jurídicas de México? Carlos interviene, expresando su preocupación por los riesgos a largo plazo que esta situación plantea a la economía del país. Aunque estas reformas pueden no parecer amenazas económicas inmediatas, la incertidumbre que crean podría tener consecuencias de largo alcance para la salud financiera de México. Hace apenas unos meses, el peso se cotizaba a alrededor de 16,80 por dólar, pero con las inminentes batallas legislativas y la incertidumbre política, el tipo de cambio ha subido ahora a 20 pesos.
Preocupaciones económicas: incertidumbre en el horizonte
Carlos, quien asistió a un panel sobre el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), escuchó de primera mano las preocupaciones de los expertos económicos. Panelistas como Ken Smith y Juan Carlos Baker señalaron los crecientes riesgos que plantean las reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente en México. Si bien México puede haber firmado acuerdos internacionales como el T-MEC, la naturaleza de estas reformas podría violar ciertas disposiciones de estos tratados, en particular las relativas al estado de derecho y la independencia judicial.
Aunque el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y líderes empresariales como Larry Rubin pueden restar importancia públicamente a estos riesgos, a puertas cerradas, es evidente que los inversores y las empresas internacionales están preocupados. Estas reformas podrían poner en peligro la posición de México como socio comercial confiable, amenazando la inversión extranjera y la creación de empleo. En una economía global interconectada, la incertidumbre en el entorno legal y político de México podría repercutir en su panorama económico, paralizando el flujo de capitales muy necesarios.
La inversión extranjera directa y el crecimiento económico en riesgo
Rogelio, continuando la discusión, llama la atención sobre la inversión extranjera directa (IED) de México, particularmente en maquinaria y equipo. Ofrece un ejemplo sorprendente de cómo el crecimiento de la IED se ha desacelerado drásticamente durante el último año. En junio de 2023, la IED en maquinaria y equipo aumentó un 24,7%, pero en mayo de 2024, ese crecimiento se había reducido a solo el 5,5%. En junio de 2024, el crecimiento de la IED prácticamente se había detenido, aumentando solo un 0,7%. Esto coincide con las elecciones presidenciales y la anticipación de reformas que podrían tener consecuencias radicales para la economía del país.
Esta marcada caída de la inversión es preocupante, no sólo para la economía en general, sino para las personas cuyo sustento depende de ella. La inversión extranjera directa crea empleos, aumenta los ingresos y estimula el crecimiento económico, pero también puede ser fugaz. Si las empresas internacionales empiezan a dudar del compromiso de México con la estabilidad jurídica y la transparencia, es posible que busquen oportunidades de inversión más seguras en otros lugares.
Un proceso legislativo vertiginoso: ¿Cuánto se puede lograr en sólo cuatro días?
Manuel plantea un punto crítico: la velocidad con la que se ha aprobado la actual reforma judicial en el Congreso. En sólo cuatro días, se esperaba que los legisladores leyeran, analizaran y debatieran una propuesta legislativa de 400 páginas. ¿Es posible que los legisladores tomen decisiones informadas en un plazo tan breve? ¿Han leído y comprendido realmente todas las implicaciones de la reforma judicial, o se trata simplemente de un caso de lealtad partidaria que prevalece sobre una deliberación legislativa exhaustiva?
Arturo se hace eco de esta preocupación, señalando que si bien el proceso legislativo ha seguido formalmente los pasos requeridos, existe la sensación de que muchos legisladores simplemente están siguiendo órdenes en lugar de participar en un debate significativo. Si ese es el caso, la mayoría legislativa está utilizando su poder político para aplastar a la oposición e impulsar su agenda con una resistencia mínima. Esto es especialmente peligroso cuando se trata de algo tan importante como una reforma judicial que podría reconfigurar todo el equilibrio de poder en México.
Reforma judicial y enmiendas constitucionales: ¿Qué está realmente en juego?
La conversación vuelve al marco legal que rodea la reforma judicial propuesta. La Suprema Corte mexicana ha dictaminado históricamente que el proceso de amparo no se aplica a las reformas constitucionales. Esto complica los desafíos legales que enfrenta el proceso de reforma. Si bien la mayoría legislativa puede estar desafiando actualmente una orden de suspensión, si el caso de amparo llega a la Suprema Corte, puede ser finalmente desestimado, dejando intacta la reforma.
Sin embargo, esto no cambia el hecho de que los legisladores están desafiando conscientemente una orden judicial, lo que erosiona aún más la confianza en las instituciones legales de México. Se espera que la reforma sea aprobada pronto por el Senado, y quedan pocos obstáculos procesales. Con un Senado compuesto por 128 miembros, la mayoría requiere 85 votos para asegurar la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar reformas constitucionales. Aunque Morena y sus aliados pueden haber estado a un voto de distancia, las maniobras políticas recientes han asegurado el apoyo de dos ex senadores del PRD, lo que los ha dejado muy cerca de la mayoría necesaria.
Maniobras políticas y dinámica del Senado
Los comentarios recientes de Adán Augusto López sugieren que la mayoría puede incluso conseguir los votos necesarios aprovechando lagunas procesales. Por ejemplo, si un senador no asiste a la votación, su ausencia cuenta efectivamente como un voto a favor de la reforma. Esta táctica, conocida como las “matemáticas de Baldor”, se ha utilizado en el pasado para conseguir mayorías en cuestiones polémicas.
Por ejemplo, durante la elección del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado empleó tácticas similares para sacar adelante a su candidato preferido a pesar de no contar con el apoyo formal de la mayoría. Al contar las ausencias como votos favorables, Morena y sus aliados podrían volver a sacar adelante la reforma judicial sin tener que enfrentarse a una mayoría de dos tercios de los votos activos.
La inminente aprobación de la reforma
A medida que la conversación se acerca a su fin, hay una sensación palpable de inevitabilidad en torno a la reforma judicial. Mientras algunos siguen esperando un cambio de actitud de último minuto, la maquinaria política en México parece imparable. Se espera que el Senado apruebe la reforma, institucionalizando cambios significativos en el poder judicial y concentrando aún más el poder en el poder ejecutivo. El proceso legislativo se ha convertido en una apisonadora, aplastando a cualquier oposición que se encuentre en su camino.
Para México, esto significa que la incertidumbre será la nueva normalidad. Los inversionistas dudarán en invertir capital en un país donde el panorama legal y político cambia constantemente. Esta incertidumbre podría tener consecuencias devastadoras para la economía, al provocar pérdidas de empleos, una reducción de la inversión extranjera y una sensación general de inestabilidad.
Las preocupaciones internacionales y el debate sobre la deslocalización
Carlos aborda un tema crítico en relación con la relación de México con la comunidad empresarial internacional. En conversaciones con líderes empresariales estadounidenses y canadienses, se está volviendo claro que la situación política de México está levantando banderas rojas. Muchos temen que el poder judicial, otrora independiente, pueda convertirse en una herramienta del poder ejecutivo, sujeto a influencia política en lugar de servir como árbitro imparcial de la ley.
Esto es particularmente preocupante en el contexto de la deslocalización, una tendencia en la que las empresas buscan trasladar sus cadenas de suministro a lugares más cercanos. Por su proximidad a Estados Unidos, México debería estar bien posicionado para beneficiarse de esta tendencia. Sin embargo, como ha señalado la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, la deslocalización no es solo una cuestión geográfica. Se trata de valores compartidos, en particular la adhesión a los principios democráticos y al Estado de derecho. Si México no mantiene estos valores, corre el riesgo de perder importantes oportunidades económicas.
El camino a seguir: una nueva era judicial
Mientras continúa el debate sobre la reforma judicial, no hay duda de que México está en
trando en una nueva era. La reforma, que introduce cambios como establecer plazos estrictos para resolver los casos y exigir a los jueces que rindan cuentas por sus decisiones, es
Así va aplanando la 4T toda la justicia en México
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